Protección Social a la primera infancia en República Dominicana

Miércoles, 22 Mayo 2013

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, y en consecuencia, deben gozar de todos los derechos fundamentales consagrados a favor de las personas, especialmente aquellos que les corresponden en su condición de persona en desarrollo. En República Dominicana, estos derechos están consagrados en la Constitución y Leyes vigentes:

 

  • Constitución de la República Dominicana, artículos 55 y 56.
  • Ley No. 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual establece en su articulado el compromiso del Estado dominicano para garantizar la protección de los Derechos Fundamentales de Supervivencia, Desarrollo, Participación y Protección Especial a través del establecimiento de un Sistema Nacional de Protección.
  • Ley No. 66-97 Ley General de Educación.
  • Ley No. 42-01 Ley General de Salud.
  • Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en sus artículos 51, 52, 64, 66, 71, 73 y 75 con relación a la protección de pensión por sobrevivencia; 123, 125-128 relativo a cobertura de salud y 134-139 concerniente a los servicios de estancias infantiles.
  • Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 44/25, de fecha 20 de noviembre de 1989 y ratificada por la República Dominicana en 1991. Es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales

 

Situación actual

 

El estado de vulnerabilidad por las condiciones de pobreza en que vive alrededor del 40% de nuestro país, repercute directamente en el nivel de vida de sus ciudadanos, realidad que impacta directamente a la población infantil, afectando su desarrollo físico y psíquico.

 

Ante esta problemática, resulta oportuno adoptar medidas a largo plazo y aplicar políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos que garanticen la transformación necesaria para corregir los desajustes estructurales que refuerzan la exclusión social y reproducen la pobreza.

 

Para paliar las situaciones económicas que generan pobreza y desigualdad, los Estados tienden a implementar políticas sociales focalizadas a enfrentar el hambre y la desnutrición para asegurar la supervivencia. Si bien es prioritario garantizar la satisfacción de necesidades básicas, se corre el riesgo de perder de vista la importancia de otros factores imprescindibles para lograr el desarrollo de niños sanos, que conformarán la sociedad del futuro.

 

En los últimos tiempos ha generado gran preocupación en el país la inseguridad en la que vive la población, registrándose situaciones de violencia cotidiana, aumento de actividades delictivas en las que se ven involucrados adolescentes. Esto ha llevado a la palestra pública la situación de la atención a la infancia, la necesidad de reformar el sistema de responsabilidad juvenil o el debate sobre la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.

 

Es en este marco de escasa visibilidad de la gravedad que tiene para el presente y el futuro del país la situación de violación de derechos de la infancia, que debemos analizar la situación de los niños, adolescentes y jóvenes que hoy se encuentran implicados en hechos de conflicto con la ley o que se encuentran en situación de marginalidad, con prácticas violentas y exclusión, sin posibilidad de un proyecto para su vida social.

Veamos el escenario social en el que han transcurrido sus primeros años de vida y lo que ocurre actualmente a otra generación que, como ellos, tuvieron escasas oportunidades para desarrollarse adecuadamente. De acuerdo a un informe elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el que detalla su programa de colaboración con el Gobierno hasta 2016, los beneficios del crecimiento económico local no se reflejan en la vida de los niños y adolescentes excluidos en las zonas urbano-marginales y rurales pobres de las principales provincias y la frontera dominico-haitiana, así como en los bateyes.

 

De acuerdo a este estudio, estas desigualdades se reflejan en la alta tasa de mortalidad infantil: 32 por cada 1000 nacidos vivos frente a 23 en el resto de América Latina y el Caribe) a pesar de que el 98% de los partos son atendidos por personal calificado. También se reflejan en la desnutrición global que es de 3.1% de promedio nacional, 10.5% en las provincias fronterizas y 14% entre hijos de mujeres haitianas. En cuanto a la baja tasa de asistencia a la secundaria, esta es de 52% en las mujeres adolescentes y 37% en los varones adolescentes.

 

Los datos de Unicef señalan, además, que el 12.9% de estos menores de entre 5 y 14 años trabajan frente al 8% de los menores de la misma edad en la región, muchos de ellos con graves secuelas por los agro tóxicos, cuando en el país existen miles de desocupados adultos; mientras que el 20.8% de la población de 0 a 5 años no tiene registro de nacimiento frente al 9% de la población de la misma edad de los demás países latinoamericanos y caribeños, con lo cual no sólo se vulnera su derecho a la identidad, sino que además de dejarlos fuera de toda prestación social, se los pone en riesgo de la venta y tráfico de niños.

 

De acuerdo con Unicef, lograr el acceso a servicios sociales básicos de calidad es uno de los retos más importantes que enfrenta el país para reducir estas brechas y ayudar a estos grupos excluidos a salir del ciclo de la pobreza.

 

En ese sentido, destaca la labor que la Junta Central Electoral desarrolla mediante una campaña de concientización ciudadana para garantizar el registro oportuno de los nacimientos, así como la implementación de proyectos de Apoyo al Proceso de Declaraciones Tardías de Nacimiento, el cual consiste en dotar de actas de nacimiento a niños, niñas y adolescentes, que no la hayan podido obtener a través del procedimiento regular oportuno, así como la inscripción en el libro de extranjería de los niños hijos de extranjeros que residen ilegalmente en el país, dando de esa manera cumplimiento a la Ley No. 218-07 del 19 de abril del 2007, de Amnistía de Declaración Tardía de Nacimiento.

 

Estadísticas sociodemográficas

Población de niños de 0 a 5 años (Censo 2010)

1,082,426

Cobertura de inscripción de nacimiento en el Registro Civil (JCE 2009)

79.0%

Cobertura de inscripción de defunciones en el Registro Civil (JCE 2009)

52.0%

Tasa de Mortalidad neonatal por cada mil nacidos vivos

23

Tasa de Mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos

32

Tasa de Mortalidad en menores de 5 años por cada mil nacidos vivos

36

 

Unicef y el Gobierno dominicano elaboraron un programa que se extenderá hasta 2016 y que, según el primero, contribuirá a avanzar en el cumplimento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030 y en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que promueve la ONU, dando prioridad a los menores de edad de las comunidades más pobres y excluidas. Asimismo, a los que sufren cualquier tipo de discriminación, mediante la mejora de la inversión para reducir las desigualdades, brechas sociales y la eliminación de las prácticas que fomentan la exclusión.

 

El desarrollo de la primera infancia

 

Si queremos diseñar una política para la infancia desde la perspectiva del pleno respeto a sus derechos, debemos conocer cuáles son las condiciones en las que debe crecer un niño para lograr un buen desarrollo. Este buen desarrollo debe ser integral, es decir, contemplar los aspectos físicos, psíquicos, sociales, cognitivos y espirituales.

 

El desarrollo de un niño o niña durante la primera infancia depende esencialmente de los estímulos que se le den y de las condiciones en que se desenvuelva. Es por esto que en la etapa comprendida entre los cero y cinco años de edad, es necesario atenderlos de manera armónica, teniendo en cuenta la salud, nutrición, protección y educación inicial en diversos contextos (familiar, comunitario, institucional), de tal manera que se les brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. La primera infancia es el periodo propicio para potenciar las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales. El desarrollo educativo en esta etapa influye en un mejor desempeño en las fases posteriores de la educación, en una disminución del fracaso escolar y, en consecuencia, en una reducción de la deserción académica.

 

Un hombre sano tiene su base en un niño que inicia su vida con la adecuada nutrición, los cuidados emocionales necesarios y un ambiente seguro y confortable. Esto es imprescindible para que logre el desarrollo de todas sus potencialidades y se convierta en un adulto protagonista de la vida social con responsabilidad y creatividad. Sabemos que los cinco primeros años de vida constituyen el período crítico para que estas bases se establezcan. En este período de la vida no sólo construye su desarrollo psicomotor sino además se forman en su cerebro las matrices de aprendizaje, capacidad de pensamiento y posterior equilibrio emocional. Los vínculos iniciales determinarán sus vínculos con el mundo y sus aptitudes sociales.

 

Para una efectiva protección de los derechos de la primera infancia que garanticen un desarrollo integral debe lograrse un alto compromiso político con la cooperación de todos los sectores involucrados, tanto por parte del Estado como de la Sociedad Civil, que confluya en políticas efectivas. Una política pública desde un enfoque de derechos humanos debe impulsar planes o programas de acción, con abordajes interdisciplinarios e intersectoriales que contemplen: a) programas para promoción y prevención de la salud de la madre y el niño, b) establecimientos de educación inicial para sectores de bajos recursos y guarderías, c) campañas masivas de inscripción y documentación efectivas.

 

Estas son algunas de las acciones que deben emprenderse para revertir la grave situación actual. Promover un desarrollo integral temprano para nuestra infancia es la primera responsabilidad que debemos asumir para un efectivo respeto por los derechos humanos.

 

Implementación de las Estancias Infantiles en el Sistema Dominicano de Seguridad Social

 

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en cumplimiento de los artículos 134, 135, 136 y 137 de la Ley No. 87-01, desarrolla y promueve los servicios de Estancias Infantiles para atender a los niños desde cuarenta y cinco (45) días de nacidos hasta cumplir los cinco (5) años de edad.

 

Las estancias infantiles otorgan atención física, educativa y afectiva, con personal especializado, mediante las siguientes prestaciones:

 

  1. a)Alimentación apropiada a la edad y salud de cada niño(a)
  2. b)Servicios de salud
  3. c)Educación preescolar
  4. d)Actividades de desarrollo psicosocial
  5. e)Recreación

 

Para la prestación de estos servicios se utiliza una red de Estancias propias así como de centros educativos con los que se firman acuerdos de forma subrogada y/o cogestionada, siempre y cuando cuenten en cada área con personal técnicamente calificado en la atención de menores y se apliquen las políticas, metodologías y normas establecidas por el Consejo Nacional de las Estancias Infantiles (CONDEI), y aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

 

Al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social, se encontraban registrados en el Seguro Familiar de Salud doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho (264,848) niños menores de cinco (5) años, de los cuales cincuenta y un mil quinientos sesenta y siete (51,567) están registrados en el Régimen Subsidiado y doscientos trece mil doscientos ochenta y uno (213,281) en el Régimen Contributivo, existiendo por tanto ochocientos diecisiete mil quinientos setenta y ocho (817,578) pendientes por afiliar al Seguro Familiar de Salud.

 

El servicio de las Estancias Infantiles del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) entró en vigencia en el mes de junio de 2009. En la actualidad cuenta con una nómina de beneficiarios de aproximadamente seis mil (6,000) niños, los cuales reciben atenciones en Estancias Infantiles distribuidas en todo el territorio nacional.

 

La cobertura de las Estancias Infantiles alcanza apenas al 2.7% de la población afiliada al Régimen Contributivo, al 2.2% de los niños menores de 5 años afiliados al Sistema independientemente del Régimen al que pertenecen, y apenas el 0.5% de la población que tiene derecho según la Ley 87-01 a este beneficio de la Seguridad Social.

 

En el país, además de las instituciones que conforman el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), existen varias instituciones gubernamentales responsables del desarrollo integral infantil de niños menores de 5 años, entre las que se encuentran:

 

Consejo Nacional de la Niñez (CONANI) es el órgano responsable de formular, evaluar, aprobar, fiscalizar coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas en materia de la niñez y adolescencia.

 

Dirección de Atención a la Primera Infancia (DAPI), la cual tiene por objeto administrar, consolidar, desarrollar y expandir los servicios de atención infantil temprana requeridos por los niños y niñas pertenecientes a las familias de más bajos ingresos del país. Es responsable de desarrollar las modalidades de servicios que sean necesarias, involucrando a la comunidad y a la familia dominicana en el compromiso que representa el cuidado y la atención de los niños y niñas desde su nacimiento hasta cinco años de edad.

 

Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), es un proyecto piloto que está desarrollando el Despacho de la Primera Dama, que tiene como finalidad primordial brindar un espacio íntegro para el cuidado, educación, rehabilitación y atención de los niños que presenten necesidades especiales, acompañándolos en el proceso de crecimiento y tratamiento tanto en el espacio cognitivo, físico como emocional, creativo y de relación con su entorno.

 

Existen además en el país una cantidad considerable de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de la infancia y adolescencia, entre ellas podemos citar la Coalición de ONGs por la Infancia, compuesta por veinte y cinco instituciones con identidad propia, no gubernamentales y de organizaciones comunitarias, descentralizadas, que trabajan a favor de los Niños, Niñas y Adolescencia para desarrollar acciones, abordar problemáticas, con una postura crítica, defensora y vigilante de los derechos de la niñez, promoviendo y desarrollando acciones que incidan a favor de esta población.

 

Régimen de atención a niños, niñas y adolescentes de ONGS supervisadas por CONANI

Tipo de atención

Con subvención Gubernamental

Sin subvención Gubernamental

Total

Residencial

50

33

83

Ambulatoria

25

225

250

A niños, niñas y adolescentes especiales y con una discapacidad.

9

8

17

Total

84

266

350

 

Como se observa, existe un importante número de instituciones que realizan una gran labor a favor de la niñez dominicana, sin embargo, y a pesar de la existencia de normativas jurídicas, sus roles y responsabilidades no están claramente delimitados en sus mandatos y normas institucionales.

Asimismo, los programas y servicios para esta población están enfocados en la atención institucionalizada, sin considerar la participación comunitaria. Además se caracterizan por su desarticulación y carencia de perspectiva integral. En ese sentido es recomendable que todas estas instituciones que sin duda están desempeñando un papel extraordinario en la protección de la niñez y adolescencia dominicana estén cobijadas bajo un solo paraguas o que por lo menos su accionar sea coordinado, para que no haya duplicidad de esfuerzos y recursos y los resultados sean más efectivos y visibles a largo plazo.