República Dominicana se encuentra en pleno proceso de transición demográfica; el descenso de las tasas de fecundidad y mortalidad se ha destacado por su celeridad.
La tasa global de fecundidad descendió de 7,4 hijos por mujer en el quinquenio 1950-1955 a 2,6 en el de 2005-2010. La esperanza de vida de dominicanos y dominicanas aumentó en 24 años en el período (1950-2000), pasando de 51 a71 años y a 73 años para el 2010, la mortalidad infantil descendió de 149 defunciones por mil nacidos vivos en 1950 a 28 por mil en 2010. Las variaciones en estos tres indicadores dan cuenta del gran cambio demográfico por el cual transita el país, que se ha traducido también en un ritmo de crecimiento de la población más lento que en el pasado y en un cambio en la estructura por edades de la sociedad.
En la actualidad, la población dominicana es relativamente joven. Los datos estadísticos y las proyecciones sobre población indican que para el 2000 el 35.1% de los dominicanos y las dominicanas tenía menos de 15 años y los mayores de 60 no superaban el 7%; en el año 2010 este indicador se sitúa cercano al 8% de la población, mientras que los menores de 15 años prácticamente no modificaron su peso en la población total. En las décadas siguientes la población adulta mayor seguirá aumentando a un ritmo bastante rápido en comparación con el resto de los grupos etarios. Para el 2025, el 12,0% de la población estará sobre los 60 años, y en el 2050 casi se duplicará la cifra, alcanzando alrededor de un 21%.
Este incremento de la población en las edades más avanzadas indica el inicio del proceso de envejecimiento, el cual se refleja también en dos indicadores que se utilizan para medir el nivel en que se encuentra el país en este proceso. El primero es la edad media de la población, que en un lapso de tres décadas (1970-2000) aumentó en siete años, pasando de 19 a 26 años. Se espera que para el 2025 alcance los 31 años y crezca en siete años más para el 2050, para alcanzar una media de 38 años. El índice de envejecimiento también revela un aumento sostenido de la población adulta mayor. En el 2002, el país alcanzó un valor de 23,7 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años, y se espera que en el 2025 haya —por cada 100 menores de 15 años—, 45 personas mayores de 60 años, y 108 personas 25 años más tarde.
Tomando como base los Censos de Población y Vivienda de 1935, 1950, 2002 y 2010 y la proyección de población realizada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) para el Consejo Nacional de Seguridad Social, presentamos los siguientes resultados de la composición de la población nacional por sexo y grupo de edad para los períodos mencionados.
Composición de la Población Nacional por Sexo y Grupo de edad por Período
La población adulta mayor enfrenta una serie de factores de riesgo que potencian su vulnerabilidad social como individuos, siendo el primer factor: su edad. Desde el punto de vista fisiológico, los individuos acumulan situaciones que los van haciendo gradualmente dependientes a medida que aumenta la edad; por ejemplo, la disminución de la fuerza física, la disminución de algunas capacidades como la visual, auditiva, cognitiva; la disminución de habilidades que les impiden tener una vida independiente, desde el alimentarse y vestirse por sí mismos, hasta saber orientarse en la vía pública.
Desde el punto de vista económico, las personas adultas mayores son poco hábiles a enfrentar un mercado laboral caracterizado por salarios precarios o largas jornadas de trabajo. La disminución o pérdida de un ingreso tiene como consecuencia la pérdida de la capacidad de respuesta a cualquier contingencia, hasta la más básica como lo es comer y vestir, o más grave como pagar medicamentos en caso de enfermedad.
En la cultura dominicana, los vínculos afectivos entre generaciones suelen ser fuertes y significativos, predominando el patrón de la co-residencia de los adultos mayores con su familia biológica. Este hecho, conjugado con altos niveles de pobreza, torna a las familias muy vulnerables al envejecimiento de la población. Por tradición, el cuido cotidiano de las personas envejecientes es generalmente realizado en el espacio familiar. La pobreza tiene una acentuada incidencia en la población envejeciente, con el agravante de una baja cobertura previsional para los mayores de 60 años.
De acuerdo a informaciones contenidas en el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el Censo de Población y Vivienda del año 2010, más de un 30% de las personas envejecientes son pobres. En este grupo, además, se registran grandes diferencias territoriales. Mientras existen provincias en las que entre el 55% y el 69% de la población mayor de 60 años está en situación de pobreza, como Monte Plata, Elías Piña, San Juan, Independencia, Bahoruco y San José de Ocoa, en el Distrito Nacional esta proporción es menor de 16%.
Debido a la desigualdad de género imperante y una esperanza de vida más elevada en las mujeres, se puede inferir que la incidencia de la pobreza es mayor en dicha población. Al enviudar, las adultas mayores quedan expuestas a situaciones de alta vulnerabilidad social y económica. La secular situación de desventaja social que afecta a la población envejeciente se expresa también en su alta tasa de analfabetismo. De acuerdo a ENDESA 2007, el 24.6% de la población de 65 años y más carece totalmente de escolaridad.
En el ámbito de la salud, la población adulta mayor tiene comparativamente mayor propensión a las enfermedades no transmisibles, tales como enfermedades cardiovasculares, ataques cerebrales, cáncer, artritis, edemas pulmonares, diabetes, pérdida de audición, problemas de visión y trastornos mentales. La obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol también tienen una alta incidencia, vinculado al estilo de vida sedentario en las zonas urbanas, hábitos alimenticios no saludables y al estrés emocional al que están expuestos en nuestra cultura.
Para palear, de alguna medida, la situación de vulnerabilidad en la que vive una parte importante de los adultos mayores en el país, existen un conjunto de problemas sociales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales que comparten el trabajo en beneficio de los envejecientes. Entre las instituciones con más incidencia se encuentran el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), la Red por una Vejez Digna, la Dirección General de Protección a la Vejez del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto de Dignidad Humana de la Policía Nacional, entre otras.
En un intento por proteger a este grupo poblacional, en el año 1998 se promulgó la Ley No. 352-98 sobre Protección a las Personas Envejecientes. El 27 de octubre de 2004, mediante Decreto número 1372-04, el Poder Ejecutivo dictó el Reglamento de Aplicación de dicha ley. Previamente, en 2001, se aprobó y promulgó la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), la cual establece una Pensión Solidaria en beneficio de la población discapacitada, desempleada e indigente, en los Artículos 63 al 70.
El Gobierno Dominicano y el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), asumiendo la responsabilidad que les corresponde, y procurando estimular la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, reafirman su compromiso de mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en niveles de vulnerabilidad, y trabajan para dar inicio a la implementación de las Pensiones Solidarias del Régimen Subsidiado, siendo esta una de las Metas Prioritarias dentro de la Agenda gubernamental para el cuatrienio 2012-2016.
El cumplimiento del mandato de la Ley 87-01 con referencia a las pensiones solidarias se ejecuta además tomando en consideración los objetivos: 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, y 2.3.6 del Eje 2 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que establecen: 1) Disminuir la Pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la vida y 2) Proteger a los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad e impulsar su inclusión económica y social.
En fecha 18 de julio del 2013 el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó, mediante Resolución No. 320-02, el borrador del Reglamento que establece el procedimiento para otorgar Pensiones Solidarias en el cual interviene el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el Consejo de Desarrollo Provincial (CDP), las entidades del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que garantizará un proceso transparente y equitativo al momento que permitirá que miles de dominicanos puedan acceder a una pensión por vejez, discapacidad y sobrevivencia.
Con la aprobación de dicho reglamento, el CNSS sienta las bases para solucionar gradualmente la deuda social pendiente desde hace años con los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Estas pensiones del Régimen Subsidiado forman parte de una política general tendente a reducir los niveles de pobreza en el territorio nacional y representa un avance en el fortalecimiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social al tiempo que completará la protección de los beneficiarios del Régimen Subsidiado, con la implementación de las Estancias Infantiles.
